Transparencia Legislativa: ¿Qué nos espera?
La Transparencia Legislativa, es una asignatura de la gobernanza parlamentaria que desde el 2011 ha cobrado vigencia y se ha convertido en un objeto de estudio de quienes ejercen y supervisan la función pública.
La Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, formada por 26 organizaciones de la sociedad civil en 14 países de América Latina han diseñado diversos indicadores e instrumentos regionales acorde a los grandes desafíos de representación que enfrentan los Congresos Nacionales y Congresos Locales, desafíos como la participación ciudadana, el combate a la corrupción, la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas, entre muchos otros.
Justo uno de estos instrumentos es el Índice de Transparencia Legislativa que se realiza año tras año y que permite documentar, medir avances y mejorar los estándares de transparencia legislativa en cada región determinada. Como la nuestra.
Justo uno de estos instrumentos es el Índice de Transparencia Legislativa que se realiza año tras año y que permite documentar, medir avances y mejorar los estándares de transparencia legislativa en cada región determinada. Como la nuestra.
La Normatividad, la Labor Legislativa, El Presupuesto y Gestión Administrativa y la Participación Ciudadana, son los 4 índices internacionales en lo que una Legislación puede medir su transparencia parlamentaria a mayor profundidad.
El tercero de ellos; “Presupuesto y Gestión Administrativa” ha sido el talón de aquiles de los Estados Méxicanos, y en el que hemos salido peor evaluados por los organismos internacionales de transparencia como Fundar, Transparency International o la Alianza para el Gobierno Abierto.
En este índice, los errores más señalados en los que incurren los congresos locales son; el manejo discrecional del recurso público, el exceso salarial de los Diputados y Diputadas y la opacidad del gasto del presupuesto.
En Sinaloa, al término del Primer Periodo de la LXIII Legislatura vimos como algo inédito; se eliminó un fondo de gestión social que cubría todos los requisitos de transparencia para asignar este presupuesto al salario de cada Diputado y Diputada.
La justificación oficial fue que “era muy burocrática por ciertos lineamientos para justificar los gastos” . Justamente, transparentar el recurso público no es tarea fácil, pero es necesaria para no incurrir en algún tipo de ilegalidad y subsanar todos los posibles hechos de corrupción y mal manejo del recurso.
Sinaloa, se encuentra en marcha de la implementación del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, mismo que está representado 100% por ciudadanos, donde acciones como estas son lamentables, pues solo denostan la poca sensibilidad que se tiene con el esfuerzo que estas personas se encuentran realizando, el mal manejo del recurso, la inexperiencia en materia de transparencia y acceso a la información pública y la ignorancia sobre la batalla técnica que se va a dar justo en este sexenio llamado a la austeridad.
Como por ejemplo, no va acorde con la recién aprobada Ley de Remuneraciones para el Estado de Sinaloa que cita un principio muy importante y que es un tanto contradictorio con lo que está sucediendo en el Congreso del Estado, en su artículo 3ro en uno de sus capítulos nos indica que en la transparencia y rendición de cuentas; toda remuneración es pública y toda autoridad está obligada a informar y a rendir cuentas con veracidad y oportunidad, privilegiando el principio de máxima publicidad.
En un posible acto cómodo, ocultar este fondo de gestión y convertirlo en salario porque algunos diputados no tuvieron la capacidad de poder transparentar y comprobar miles de pesos que han gastado al Control Interno es a todas luces un “uso discrecional del recurso y opacidad en el gasto público".
Esta misma Ley nos señala que ningún servidor público de la administración pública podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Gobernador del Estado.
Suponiendo que la Ley de Remuneraciones solo es para “servidores públicos de la Administración Pública Estatal”, la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en el Artículo 146 señala que al expedir y reformar el Congreso del Estado el Presupuesto de Egresos, se establecerán, equitativamente, los sueldos y compensaciones de los servidores públicos de la administración pública del Estado, así como las dietas e ingresos que correspondan a los Diputados en los términos del artículo 145 donde dice que “ningún servidor público podrá ganar más que el Gobernador”
Este tal vez podría ser un caso para una controversia constitucional, o tal vez quede en discusión de pasillo o columna de simples opiniólogos, los interesados sabrán que hacer. Pero lo que sí tenemos claro, es que en este Primer Periodo Ordinario de Sesiones les faltó conocimiento de causa en materia de Acceso, Transparencia y Rendición de Cuentas, particularmente en el rubro que mas adolecen los Congresos Locales del País como es el del Presupuesto y Gestión Administrativa.
Apenas va el primer parcial, aún falta mucho para la recta final. Esperemos que en este segundo periodo le estudien un poco más al tema, adopten la transparencia como bandera y nos sorprendan.
Nos vemos en la próxima.
El tercero de ellos; “Presupuesto y Gestión Administrativa” ha sido el talón de aquiles de los Estados Méxicanos, y en el que hemos salido peor evaluados por los organismos internacionales de transparencia como Fundar, Transparency International o la Alianza para el Gobierno Abierto.
En este índice, los errores más señalados en los que incurren los congresos locales son; el manejo discrecional del recurso público, el exceso salarial de los Diputados y Diputadas y la opacidad del gasto del presupuesto.
En Sinaloa, al término del Primer Periodo de la LXIII Legislatura vimos como algo inédito; se eliminó un fondo de gestión social que cubría todos los requisitos de transparencia para asignar este presupuesto al salario de cada Diputado y Diputada.
La justificación oficial fue que “era muy burocrática por ciertos lineamientos para justificar los gastos” . Justamente, transparentar el recurso público no es tarea fácil, pero es necesaria para no incurrir en algún tipo de ilegalidad y subsanar todos los posibles hechos de corrupción y mal manejo del recurso.
Sinaloa, se encuentra en marcha de la implementación del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, mismo que está representado 100% por ciudadanos, donde acciones como estas son lamentables, pues solo denostan la poca sensibilidad que se tiene con el esfuerzo que estas personas se encuentran realizando, el mal manejo del recurso, la inexperiencia en materia de transparencia y acceso a la información pública y la ignorancia sobre la batalla técnica que se va a dar justo en este sexenio llamado a la austeridad.
Como por ejemplo, no va acorde con la recién aprobada Ley de Remuneraciones para el Estado de Sinaloa que cita un principio muy importante y que es un tanto contradictorio con lo que está sucediendo en el Congreso del Estado, en su artículo 3ro en uno de sus capítulos nos indica que en la transparencia y rendición de cuentas; toda remuneración es pública y toda autoridad está obligada a informar y a rendir cuentas con veracidad y oportunidad, privilegiando el principio de máxima publicidad.
En un posible acto cómodo, ocultar este fondo de gestión y convertirlo en salario porque algunos diputados no tuvieron la capacidad de poder transparentar y comprobar miles de pesos que han gastado al Control Interno es a todas luces un “uso discrecional del recurso y opacidad en el gasto público".
Esta misma Ley nos señala que ningún servidor público de la administración pública podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Gobernador del Estado.
Suponiendo que la Ley de Remuneraciones solo es para “servidores públicos de la Administración Pública Estatal”, la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en el Artículo 146 señala que al expedir y reformar el Congreso del Estado el Presupuesto de Egresos, se establecerán, equitativamente, los sueldos y compensaciones de los servidores públicos de la administración pública del Estado, así como las dietas e ingresos que correspondan a los Diputados en los términos del artículo 145 donde dice que “ningún servidor público podrá ganar más que el Gobernador”
Este tal vez podría ser un caso para una controversia constitucional, o tal vez quede en discusión de pasillo o columna de simples opiniólogos, los interesados sabrán que hacer. Pero lo que sí tenemos claro, es que en este Primer Periodo Ordinario de Sesiones les faltó conocimiento de causa en materia de Acceso, Transparencia y Rendición de Cuentas, particularmente en el rubro que mas adolecen los Congresos Locales del País como es el del Presupuesto y Gestión Administrativa.
Apenas va el primer parcial, aún falta mucho para la recta final. Esperemos que en este segundo periodo le estudien un poco más al tema, adopten la transparencia como bandera y nos sorprendan.
Nos vemos en la próxima.
Twitter: @miguelvicenter
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